Lo informó el fiscal General. En los últimos días, hubo múltiples cortes de calle de los docentes autocovocados.
De ahora en más, la Policía de la provincia desalojará a quienes hagan piquetes y afecten el derecho de libre circulación de los sanjuaninos. Al menos así surge de lo que dijo este jueves el fiscal General de la Corte, Eduardo Quatrropani, quien anunció que instruyó a la fuerza de seguridad para levante los cortes de calle “permanentes y sistemáticos”. El disparador fue el accionar de los últimos días de los docentes autoconvocados, que interrumpieron el tránsito en distintos puntos de la ciudad y hasta en el acceso a la mina Veladero.
El jefe de los fiscales llamó a conferencia de prensa y habló de la caótica situación que se ha producido por los múltiples piquetes que vienen realizando los autoconvocados. Según dijo, de un informe que le pidió a la Policía de las últimas 48 horas “surge claramente como los cortes de calles y rutas y el impedimento de acceso a edificios públicos y empresas privadas se han convertido en una estrategia… impidiendo con intencionalidad la circulación de los sanjuaninos”.
El mensaje parece estar dirigido no sólo a los que tienen la costumbre de hacer piquetes para reclamar, sino especialmente al grupo de docentes autoconvocados que desde hace más de 15 días están de paro por no aceptar el acuerdo de incremento salarial que los gremios acordaron con el Gobierno. Desde la semana pasada intensificaron la lucha con cortes de calles estratégicas de la capital, frente a la Casa de Gobierno y el martes, con una concentración en el camino de acceso al emprendimiento minero Veladero, sin dejar que ingrese y salga nadie.
Mientras realizaban una asamblea en las puertas de la Casa de Gobierno para decidir si aceptan o no la última propuesta que les hizo la gestión de Sergio Uñac, los autoconvocados pusieron la oreja en la conferencia de prensa de Quattropani. Sin identificarse, algunas voces cuestionaron la oportunidad elegida por el Ministerio Público para empezar a levantar los piquetes y con ironía se preguntaron si va a actuar de la misma forma cuando los cortes sean protagonizados por las organizaciones sociales.
El fiscal General aseguró que el derecho de peticionar “está garantizado” y que “de ninguna manera se está intentando criminalizar las protestas”, aunque aclaró que ese derecho no puede avasallar el de los otros ciudadanos de circular libremente. Además, remarcó que “impedir el tránsito vehicular sistemáticamente es un delito”.
De ahora en más, en función de la instrucción que recibió el jefe de Policía, Luis Martínez, los uniformados le deberán informar al Ministerio Público cuando haya un corte para hacerlo cesar. Por otra parte, tendrán que brindar información acerca de las personas individualizadas con fotos, videos e imágenes tomadas por las cámaras del Cisem.
Quattropani habló de un procedimiento para los operativos policiales en un piquete. Contó que la fuerza deberá afectar principalmente personal femenino, que los efectivos no deberán portar armas, bastones y escudos y que el desalojo se llevará a cabo únicamente con un agente fiscal presente, que al mismo tiempo decidirá si corresponde que haya detenciones.
No es la primera vez que los piquetes levantan polémica. Hay decenas por mes y casi nunca hubo intentos oficiales por impedirlos, lo que ha ayudado a que sean una práctica habitual, sobre todo, de las organizaciones sociales, como pasa en el resto del país.
El fiscal General sostuvo que la orden es para todos aquellos cortes que sean sistemáticos y con el ánimo de afectar el tránsito. Sobre el final, señaló: “Si el reclamo es justo o injusto es un problema del Ejecutivo o los grupos de protesta… nosotros tenemos que evitar la comisión de delitos”.
