La iniciativa fue impulsada en la gestión del anterior presidente del cuerpo, pero el actual la mandó a retirar de la Legislatura.
En Tribunales aseguran que nunca sucedió algo así. La Corte de Justicia de la provincia presentó el año pasado, cuando el presidente era Juan José Victoria, un proyecto de ley en la Legislatura para mejorar el sueldo de todo el personal judicial, incluyendo jueces y fiscales, y cuando estaba todo listo para que comenzara a debatirse en comisión, el actual titular del máximo tribunal, Guillermo De Sanctis, mandó a retirarlo. Por ahora, nadie salió a explicar oficialmente a qué se debe la contramarcha.
El proyecto de ley no se conocía hasta este miércoles, cuando Diario de Cuyo publicó una nota contando que en la sesión de esta semana será enviado por los diputados a comisión, para comenzar a estudiarlo. El tema desató revuelo, porque implica un importante aumento para los jueces y los fiscales de todos los niveles, que son los que tienen los sueldos más jugosos de todo el Estado, y eso fue suficiente para que De Sanctis le pidiera por nota a los legisladores que lo retiren del temario.
La iniciativa dispone un aumento escalonado del 2% al 5% de la antigüedad para el personal de maestranza, los agentes administrativos, los funcionarios, los jueces y los fiscales. Al mismo tiempo, contempla que ese ítem se calcule sobre una base imponible conformada por el sueldo y los adicionales de título y dedicación exclusiva, entre otros.
Si bien el proyecto está a tono con una mejora del mismo tenor que el Ejecutivo les dio a sus empleados en 2022, tiene una diferencia sustancial. La antigüedad en la administración central se calcula sobre el básico únicamente, mientras que para los judiciales se establece que sea sobre el básico y los adicionales. Implica que el incremento de haberes para éstos últimos sería mucho mayor.
La reforma salarial ingresó a fines de 2022 con la firma de Victoria, que en ese momento era el titular de la Corte de Justicia. Pero no se trató y como los proyectos mantienen durante dos años el estado parlamentario, fue incluido entre los temas a abordar en la primera sesión, la de este jueves.
Enterado de que estaba en el orden del día, De Santis envió una nota a la Cámara de Diputados para pedir que el proyecto sea retirado. Al mismo tiempo, llamó de urgencia a sus compañeros de cuerpo a una reunión que pasado el mediodía no había terminado.
La marcha y contramarcha deja muchas dudas. En Tribunales explicaron en off que después de mandar el proyecto, los cortistas ya habían pedido el año pasado que no se trate y que no entienden por qué apareció en la orden del día de esta semana. Lo que no está claro es por qué lo presentaron y luego solicitaron frenarlo.
Tampoco queda en claro si dentro de la misma Corte de Justicia hay versiones antagónicas. Esto, porque De Sanctis mandó a retirar el proyecto que había sido mandado por su compañero Victoria.
El proyecto no cayó para nada bien en el Ejecutivo. Fuentes del uñaquismo aseguraron que así como a los funcionarios políticos no les cabe la mejora porque no perciben antigüedad, esperaban que en el Poder Judicial fuera solo para el personal judicial y no para jueces y fiscales, ya que están entre los mejores pago del Estado. Sucede que los magistrados de primera instancia, por poner un ejemplo, perciben con el último aumento cerca de 1,5 millón de pesos.
No era la única objeción. El otro punto es que el nuevo porcentaje de antigüedad propuesto para los judiciales se hubiera calculado sobre el básico y los adicionales, concediéndoles una especie de privilegio en relación a los demás agentes de la administración pública.
