El diagnóstico surgió de la Mesa del Cobre y de la Cámara Minera de San Juan. Se generarían 100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Entre las necesidades se plantean cambios impositivos.
El conjunto de las exportaciones de San Juan en 2021 totalizó los 1.206 millones de dólares según el Indec. Pero desde la Cámara Minera de San Juan tienen claro que si están activos los proyectos de explotación de cobre de Josemaría con una inversión de U$S 4.500, Pachón, Los Azules y Altar antes del 2027; el número se podría duplicar y llegar a los U$S 3.000 millones en ocho años más, concretamente en el 2030, el dato surge de un estudio realizado por la Mesa del Cobre y la Cámara Minera de San Juan.
“San Juan podría tener durante la década 2023-2033 alrededor de 20.000 puestos de trabajo directos y cerca de 80.000 indirectos permanentes por construcción de minas y sin contar obras de infraestructura necesaria como caminos o energía. También se generaría una dinámica productiva de sustentabilidad para seguir desarrollando el sector agrícola, ganadero, turístico, TIC, energético renovable e industrial”, indica el informe.
Estos son los números que entusiasman al sector que ayer tuvo una mala noticia al comunicar que en los primeros seis meses del año próximo la minera colombiana Mineros desafectará a cerca de 200 empleados por la menor producción de oro.
“La minería decanta en inversión social, la producción de cobre pondrá a San Juan entre las provincias con mayor producto per cápita del país. Por año se inyectarán U$S 1.000 millones en concepto de impuestos provinciales, tasas municipales y salarios. La minería históricamente ha generado balanza comercial positiva, siempre ha exportado más de lo que ha importado. Se importa un dólar para exportar 24″, afirmó Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
Desde la Cámara tienen claro que siendo que San Juan tiene buen potencial de cobre, se ha sostenido la exploración durante mucho tiempo y ahora los proyectos están llegando a la prefactibilidad a la factibilidad o a la construcción, como Josemaría con la aprobación de su impacto ambiental.
“San Juan va a ser la provincia que más va a producir y exportar cobre, la producción de San Juan de hoy es oro y plata y en el futuro será de cobre y en este mundo de mucha movilidad que apunta a las energías de renovables y su transporte, el cobre juega un papel fuerte. En ese sentido hay una gran expectativa para que el precio del cobre pueda sostenerse en valores que le den una proyección productiva y exportadora”, agregó Hernández.
La eterna tensión entre impuestos y rentabilidad
Los datos del informe indican que en la distribución de la renta fiscal de los cuatro proyectos, Nación se lleva el 85%, unos 34 mil millones de dólares, la provincia se queda con el 15%, cerca de 7 mil millones de dólares (entre regalías, Fondo Fiduciario para obras y Tasas Municipales) y así la rentabilidad agregada neta de impuestos se reduce del 46% al 15% nominal, por aplicación de los impuestos nacionales, provinciales, municipales y aportes de Responsabilidad Social Empresaria e infraestructura. Es por esto que consideran que hay una fuerte distorsión al total de valor agregado generado por la minería.
Afirman también que las “retenciones se asumieron al 10% del total del valor FOB, y su aplicación sobre el precio de exportaciones se lleva un 40% del total del beneficio neto de impuestos antes de retenciones a los accionistas”. En este sentido el informe señala que “la presión tributaria está por sobre el 50%, pero claramente hay una participación mayoritaria del agregado de valor en las provincias y nación, que multiplica por cuatro lo que se llevan los inversores directos”.
Agregan también que sin aplicar tasas de descuentos, afectadas por riesgo país y riesgos sociales, “no hay rentabilidad sustentable del negocio con índices de 13 a 19% y periodos de repago de entre 8 a 10 años de operación, que se suman a 5 o 6 años en factibilidad y construcción”, así es como estas complicaciones “se traducen en proyectos suspendidos, o fuerza a modelos más chicos de explotación que se enfocan en áreas de concentración de alta ley en los planes mineros para reducir riesgos y a la vez paralizan exploración y las prefactibilidades/factibilidades”.
Para hacer posible la duplicación de las exportaciones al 2030, la inyección de dinero en la economía de San Juan así como la generación de puestos de trabajo, el informe señala que es necesario “un esquema impositivo atractivo y sostenible que permita el recupero de la inversión en tiempos razonables de 5 a 7 años desde el comienzo de construcción”. También agregan otros puntos como la concentración productiva para la generación genuina de fondos en el marco del crecimiento de las economías regionales, la racionalidad económica-social y ambiental, la excelencia de la gestión pública, el desarrollo sustentable y la reinversión de los ingresos públicos en energía renovable.
A prepararse
Hernández considera que San Juan debe prepararse para poder tener la mano de obra calificada que demandarán esas inversiones. “Si bien hay tiempo hay que tomar las decisiones para enfocar el sistema educativo en la producción, esto se habló en el Acuerdo San Juan y la provincia tiene mucha mano de obra minera calificada, hay sanjuaninos trabajando en otras provincias y en mineras del mundo que podrían estar aquí”.